El gobierno federal registró un déficit primario de 230 mil millones de riales el año pasado, equivalente al 2,1% del PIB. Ajustado por inflación, es el más alto desde que empezamos a registrarlo, excluyendo por supuesto el resultado de 2020, el año de la pandemia.
No ha faltado gente que intenta arreglar la píldora, llegando incluso a decir que el enorme desequilibrio del año pasado en realidad refleja la «limpieza de la casa» (no quiero ni pensar en el estado de la casa en 2013). vivido por el responsable de la opinión). La propia Secretaría de Hacienda (STN) alimentó este mito en su material de declaración de resultados de diciembre, deduciendo de él los pagos realizados ese mes en relación con órdenes judiciales diferidas por la malograda reforma constitucional de 2021 que puso fin al pago de tales gastos.
Según el STN, como en diciembre se desembolsaron R$ 92,4 mil millones en relación con estos gastos, a la luz de la decisión del STF que consideró inconstitucional la mencionada enmienda (no me pregunten), el resultado anual será, de hecho, un déficit. Con un valor de 144 mil millones. Esta cuenta es falsa.
De hecho, los 92.400 millones de dólares se refieren a órdenes judiciales que no se han pagado desde finales de 2021, es decir, en 2022, pero también en 2023. Aunque el Tribunal Constitucional Supremo está intentando trasladar la responsabilidad del gasto de diciembre al año anterior Gobierno (que, sí, es culpa del notario porque sugirió tal ajuste caso por caso), los gastos relacionados con órdenes judiciales que no se paguen en 2023 deberían computarse en el resultado… 2023.
Cuando se aprobó la enmienda en 2021, el aviso presupuestario de la Cámara estimó que alrededor de $43,5 mil millones no se pagarían en 2022. Por lo tanto, una buena aproximación sugiere que aproximadamente la mitad de los $92,5 mil millones desembolsados en diciembre se refieren a 2022 (y, por lo tanto, la mitad restante se deberán pagarse en 2023.
“Lo correcto, en los cálculos del déficit fiscal de 2023, es deducir sólo la mitad del valor de las órdenes judiciales”.
Por lo tanto, no tiene sentido deducir del déficit del año pasado 92.400 millones, excepto la mitad de esta cantidad, ya que la otra mitad se alcanzará en 2023 en cualquier caso.
En cifras, el déficit en 2023 habría alcanzado casi 190 mil millones de riales. En 2022, en lugar de un superávit de 55 mil millones de riales, tendremos un superávit de alrededor de 12 mil millones de riales. De una forma u otra, el año pasado se produjo un impresionante deterioro de las cuentas públicas.
Aparte de empeorar el resultado, la forma en que sucedieron las cosas no augura nada bueno para el futuro. Ha habido un aumento significativo en los gastos obligatorios, es decir, gastos que se repetirán (si no crecerán más) de año en año, reduciendo la ya escasa flexibilidad del presupuesto federal.
Esto explica el deseo del gobierno de obtener nuevos ingresos, pero la verdad es que el problema no se puede solucionar de esta manera. Si el gasto obligatorio sigue creciendo, ni siquiera un “nuevo marco fiscal” laxo podrá superar este problema, a menos que estemos dispuestos a ver que la carga fiscal también crezca indefinidamente (créanme: no es una buena idea).
Independientemente de si alcanzamos (o no, me temo) el objetivo fiscal de 2024, el problema es mucho mayor de lo que sugiere el entusiasmo de los aduladores.
Publicado en VEJA el 9 de febrero de 2024, Número 2879
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