“Los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 entran directamente dentro de la investigación de su oficina”, dijo Amnistía Internacional en una carta dirigida al fiscal del tribunal.
Y añadió: «De hecho, desde el anuncio de los resultados controvertidos e inéditos, las autoridades estatales han intensificado su política de represión a gran escala». Según la entidad, esto incluye detenciones arbitrarias masivas por motivos políticos, desapariciones forzadas y torturas.
“Del mismo modo, la organización ha recibido informes creíbles sobre el uso de fuerza letal, excesiva y menos letal por parte de funcionarios públicos y grupos armados progubernamentales, que han resultado en la muerte de al menos 17 personas, allanamientos ilegales de viviendas con uso excesivo de la fuerza, y el despliegue de fuerzas de seguridad”. «Fuerzas de seguridad informales y retórica altamente estigmatizante contra activistas políticos, defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales», afirmó.
Para la entidad, es “preocupante” el silencio de la Procuraduría General de la República ante los últimos acontecimientos.
Ante la situación, la entidad solicita al Ministerio Público en La Haya:
- Emitir urgentemente una declaración cautelar sobre la situación en Venezuela, advirtiendo a los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional que serán llevados ante la justicia.
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