Es deber del Estado impuesto por la Constitución garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. En ese entendimiento, la jueza Adriana da Silva Frías Pereira, del Primer Juzgado Civil de Atibaia (SP), ordenó al municipio brindar consulta y examen al ciudadano y fijar una multa por la demora en el cumplimiento de la decisión.
El paciente sufre de artrodesis, un término ortopédico que significa fusión articular.
Según registros, la mujer hizo fila en el sistema de salud pública durante aproximadamente dos años. Al empeorar su estado clínico, acudió a los tribunales mediante procedimiento preceptivo, solicitando protección urgente, lo que obligó al municipio a programar una consulta y examen en un plazo de 48 horas.
Inicialmente se denegó la medida cautelar, pero tras la apelación del autor se concedió el recurso interlocutorio, lo que dio lugar a un recurso de apelación. En respuesta, la Hacienda Municipal de Atibaia informó que se realizó la consulta y examen solicitado.
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El ayuntamiento local justificó el retraso por la ausencia de especialistas especializados en los hospitales municipales, lo que obligó al paciente a ser operado en otra ciudad.
Cumplida la medida cautelar, el juez dictó sentencia firme, reiterando la obligación de fijar el nombramiento, aunque ya se hubiera realizado.
En el fallo reconoció que la salud es un derecho garantizado por la Constitución y que las demoras en la atención violan este derecho básico.
Además, se impuso una multa por demora en el cumplimiento de la protección urgente, reduciendo el monto inicialmente fijado a R$ 3.000. El autor fue defendido por un abogado. Garaje Clipper Stevens.
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Proceso 1007697-42.2022.8.26.0048
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