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El Ayuntamiento exige que los servicios de transporte adopten un valor equivalente al salario mínimo local.
Una ciudad ubicada en Estados Unidos aprobó una legislación similar al proyecto propuesto por el gobierno federal brasileño al Congreso Nacional a principios de este mes, que tiene como objetivo regular el trabajo de los conductores que trabajan a través de aplicaciones de transporte. Información de la revista Exame.
En respuesta, Uber anunció su decisión de suspender sus operaciones en la ciudad de Minneapolis, ubicada en el estado de Minnesota. El ayuntamiento votó a favor de una medida que requeriría que los servicios de transporte aumentaran los ingresos de los conductores hasta igualarlos al salario mínimo local de 15,57 dólares (alrededor de 77,76 reales) por hora.
En este sentido, Lyft, otra aplicación de transporte compartido que no opera en Brasil, siguió la decisión de Uber y también cerrará sus actividades en Minneapolis. En un comunicado, la empresa criticó la legislación, calificándola de “extremadamente defectuosa”, destacando que apoya la renta mínima de los conductores, pero no es coherente con el modelo fiscal aprobado por el Consejo.
Ambas empresas se han comprometido a cabildear a favor de una legislación estatal que entraría en conflicto con la decisión de Minneapolis, y los republicanos de la Cámara de Representantes están trabajando juntos para presentar un proyecto de ley que impida la regulación local de los servicios de transporte compartido. A pesar de la promesa del alcalde Jacob Frey de vetar la medida, el Concejo Municipal aprobó la legislación la semana pasada por 9 votos a 4.
La nueva norma exige que las empresas de transporte paguen a los conductores al menos 1,40 dólares por milla y 0,51 dólares por minuto por el tiempo dedicado al transporte de pasajeros, o 5 dólares por viaje, lo que sea mayor, excluyendo las propinas. En el caso de viajes que cubran más de una ciudad, esta tarifa solo se aplicará a la parte del viaje dentro de Minneapolis.
Los críticos del proyecto dicen que los costos aumentarán para todos los usuarios, incluidos los de bajos ingresos y las personas con discapacidades que dependen de los servicios de transporte compartido. Jamal Othman, miembro del consejo y uno de los autores de la ley, dijo en un comunicado: «Los conductores son seres humanos con familias y merecen un salario mínimo decente como todos los trabajadores».
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