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Vera Jiménez ¿Es doctor?

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Los cada día menos seguidores de Alejandro Vera, básicamente los convocados por la CMMC y la Federación Auténtica del Transporte (FAT), se quedaron ayer con un palmo de narices, pues el rector y su esposa María Elena Ávila Guerrero, directora de Planeación de la UAEM, no acudieron ni a la Plaza de Armas a las 14:00 horas como habían anunciado, ni al Juzgado de Control (una hora después) que les inició un proceso bajo acusaciones de enriquecimiento inexplicable. Empero, a través de Carlos Garza Falla, subalterno suyo en la Rectoría, Vera mandó decir que no se presentaron porque no existían las condiciones de seguridad para hacerlo. Afirmaron que tenían conocimiento de “más órdenes de aprehensión” dentro de “la persecución policíaca emprendida en nuestra contra por el gobierno estatal”.

Infortunadamente para la dupla universitaria y su pandilla incrustada en la Rectoría, lo anterior resultó ser otra vil mentira del rector, a fin de victimizarse ante los medios de comunicación. En mi columna de ayer informé que Vera, su esposa y el abogado César Ricardo García Bravo no encontrarían las puertas abiertas del Juzgado de Control, porque esa demarcación del Poder Judicial de Morelos no funciona bajo el capricho de nadie. Lo que realmente ocurrió es que la tríada de atolondrados personajes se confundió y equivocó la fecha para comparecer ante el juez que emitió la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.

La audiencia se programó y efectuó anteayer 21 de noviembre sin la presencia de los imputados, quienes el mismo día, a las 10:25 de la mañana, tampoco fueron a la audiencia incidental prevista por la suspensión provisional que hace unos días emitió la Juez Cuarta de Distrito con sede en Cuernavaca, Griselda Sáenz Horta, cuya protección serviría única y exclusivamente para evitar la aprehensión, pero no cancelaría el procedimiento en el Juzgado de Control. Hasta el momento de redactar la presente columna se especulaba en el sentido de que la juez Sáenz Horta estaba buscando cómo ayudar al rector y a su esposa, a pesar de que desacataron su propia medida cautelar. Si esta funcionaria del Poder Judicial Federal se apegó a derecho, debió levantar la suspensión provisional.

Por otro lado, he de comentarles que recibí una denuncia con relación al “doctorado” de Vera Jiménez. Al parecer ha mentido a propios y extraños con el tema, pues en el Ministerio de Educación y Cultura de España, con jurisdicción en toda la nación, no existe ningún antecedente sobre la tesis doctoral del rector titulada “La intervención psicosocial en comunidades autóctonas; evaluación psicosocial de los programas de asistencia en una comunidad nahuatlaca”. Se supone que ese trabajo fue presentado por Vera en la Universidad de Valencia, pero no se encontraron datos al respecto en ninguna institución de educación superior española con la referencia “Valencia”. Yo mismo ingresé al Sistema de Gestión de Tesis Doctorales (a nivel nacional)… y nada. En consecuencia, con la presunta falsedad del título de doctor y tesis doctoral, tampoco en el Registro de Profesiones de México existe la cédula de doctorado, aunque sí la de licenciado en psicología por la UAEM. Así las cosas, Vera no debería permanecer inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

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