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Lo seductor de contratar

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Alarmantes los números rojos arrojados por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los dineros públicos que, por llamarle de alguna manera, están en el limbo; en ese limbo que significa que no se sabe si fueron o no ejercidos por las respectivas entidades que los han manejado.

Como quiera que sea, el manejo ha sido poco claro. Se trata de cientos de millones de pesos que, a lo mejor, sí fueron utilizados, pero a quienes administran el dinero que es público no se les ha dado la gana aclarar de qué manera. En esta oscuridad de cifras, entraron obviamente, algunas universidades públicas.

Entre éstas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde hace tiempo que el encargado de las auditorías de la ASF, ha expuesto extrañamientos, y explicados los motivos de estos. Y ocurre algo muy sencillo: a algunos administradores les embruja utilizar el dinero público en obra para la institución bajo su égida. Y se entiende que les guste porque ya sabemos que además de lo difícil que resulta saber si una obra lleva realmente todos los materiales facturados, además de eso, se sabe también que en la contratación de las obras, inevitablemente surgen los porcentajes.

Esos porcentajes que además de que hincharon como la levadura al pan, los costos de las obras, van a dar de manera casi natural a abultar también los bolsillos de quienes escogen a tal o cual empresa. Ayer mencionábamos el caso de un director de obras del Consejo de la Judicatura Federal, a quien se le encontraron en la cajuela de su automóvil, el paquete de 4 millones de pesos que de manera “inexplicable” algún personaje tuvo a bien sembrarle y nada tan fácil como suponer la proveniencia.

Pero además hay algo que tuvo a bien explicar el auditor de la Federación: las universidades públicas no deben, aunque “pueden” como hemos visto en el caso del rector Alejandro Vera, pero en fin, no están autorizados a contratar obra para universidades. ¿Por qué? Pues porque simplemente las universidades están obligadas por ley a someter los proyectos de obra al gobierno estatal vía el Congreso y la decisión final se tomará en conjunto.

Y otro tema que impide la ley, es esa triangulación extraña que hizo Alejandro Vera al otorgar contratos y subcontratos, como se demostró en la auditoría. Manejos, por cierto, que Vera todavía no ha querido o podido explicar.

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