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Prevén beneficios para académicos

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Con reforma a la Ley de Ciencia y Tecnologías, para reconocer formalmente a los inventores y facilitar el proceso de patentes

Entre 600 y 700 investigadores, académicos y técnicos de universidades, tecnológicos y centros de investigación públicos federales y estatales que laboran en Morelos, serán beneficiados con la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que los reconocerá como inventores, y como tales podrán acceder a regalías, adquirir patentes y crear empresas emergentes.

Al señalar lo anterior, la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Brenda Valderrama Blanco, expuso que otro beneficio que traerá consigo dicha reforma es que ya no habrá freno para la transferencia de tecnología al sector productivo, una vez que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y con seguridad lo hará el Senado de la República como iniciador de la propuesta.

La funcionaria señaló que la mayor parte de la investigación en el país se realiza en instituciones públicas, en Morelos las universidades Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), Tecnológica del Sur (UTSEM), de Zacatepec (UTZ) de Cuautla (UTC) y la Politécnica (UPEMOR), así como los institutos Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), de Investigaciones Eléctricas (IIE) y de Salud Pública, por citar sólo algunas.

Los académicos, investigadores y técnicos de esas instituciones públicas “en la actualidad se encuentran con un problema legal, porque lo que están generando es propiedad de la institución del gobierno, propiedad de la nación”, y como tal no pueden hacerse de la patente ni participar del negocio y crear empresas emergentes como sucede en los Estados Unidos (EE UU), en lo que es una de las grandes fortalezas del sistema americano, añadió la secretaria.

Con la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, los inventores participar de los beneficios económicos por la transferencia de tecnología al sector productivo con la obtención de regalías, la posibilidad de adquirir las patentes y crear empresas emergentes, lo que implicará también adecuar leyes locales como la de los Servidores Públicos que prohíbe estas prácticas.

Habrá que acotar (en la ley) precisamente que cuando los funcionarios públicos tienen como función prioritaria la investigación, se consideran investigadores y en ese caso caerían en un apartado que les permitiera acceder a este beneficio, porque hay investigadores que son funcionarios, pero no todos los funcionarios somos investigadores, por eso es importante esa distinción

Brenda Valderrama, titular SICyT

 

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