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En Cuernavaca revelan cártel de extorsión

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Fuentes consultadas por Morelos Habla, quienes aportaron grabación en video y audio, destapan una red de corrupción en el Ayuntamiento, para extorsionar a comerciantes establecidos, semifijos y ambulantes

Una fina y poderosa red de extorsión opera en nombre del ayuntamiento de Cuernavaca, donde nadie está a salvo de funcionarios y extrabajadores, quienes a través de un bien estructurado esquema de operación, recaudan millones de pesos bajo la protección de los más altos mandos municipales, recursos que se quedan en los bolsillos de unos cuantos, pues no llegan a las arcas de la comuna.

Locales comerciales, puestos callejeros, comerciantes ambulantes e incluso cadenas de autoservicio, todos son víctimas de poco más de medio centenar de personas, quienes con credenciales de la Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública, acuden semana a semana a cobrarles una suerte de “derecho de piso” para dejarlos trabajar, como si se tratara de un cártel.

DENUNCIA

Fuentes cercanas al ayuntamiento revelaron a Morelos Habla la manera en que un grupo de personas se orquesta para extorsionar al ciudadano que pone un negocio en la capital de Morelos.

Primero, los intimidan y engañan con documentos (a veces apócrifos) para que paguen una cuota diaria o semanal, a cambio de “no ser molestados”, como a los microempresarios o comerciantes semifijos y ambulantes.

Para las tiendas de conveniencia y cadenas de farmacias, el cobro es único, pero con fuertes cantidades de dinero. La versión de una de las fuentes informativas -quien pidió la protección del anonimato, por temor a sufrir represalias-, aprovechando la falta de atención del alcalde Cuauhtémoc Blanco a la problemática social y su constante ausencia, que lo ha caracterizado, este grupo de extorsionadores es liderado por Guillermo Arroyo, secretario municipal, quien opera sin que el edil esté enterado.

Los denunciantes refirieron que al inicio de la actual administración eran 62 inspectores, encargados de visitar a comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, con la intención de verificar el cumplimiento de trámites y obligaciones para sus actividades.

Sin embargo, 28 fueron dados de baja en agosto pasado, luego de que rechazaran participar en dicha maquinaria de corrupción. “Primero, nos congelaban en Plaza de Armas, luego fuimos despedidos”, señaló uno de los separados del cargo.

MODUS OPERANDI

La investigación señala como cabecilla al secretario General del Ayuntamiento, Guillermo Arroyo, quien conoce a la perfección los hilos con los que se mueve la Dirección de Gobernación en el municipio, a quienes todo el equipo rinde cuentas. Arroyo colocó a Santiago Núñez Flores en el puesto de Director de Gestión Política.

También nombró a Ricardo Ríos como Director de Gobernación, así como a Roberto Ángel Parra Bazan, como jefe del Departamento de Inspección en Vía Pública, con la intención de controlar “el negocio”. Santiago Núñez, mano derecha de Arroyo, es quien coordina las actividades de Ricardo Ríos y Ángel Parra, quienes desde la secretaría de gobernación supervisan que el engranaje funcione correctamente. Ricardo Ríos es responsable de comercios establecidos y supervisa que Ángel Parra de cuenta de ambulantes y semifijos.

Ricardo Ríos también tiene a su cargo la supervisión de actividades de Francisco Alberto Mejía García y Juan Gabriel Martínez Rabadán (sobrino del ex secretario de gobierno, Enrique Paredes), principales operadores de cobranza.

“Paco Mejía”, como lo conocen los empresarios, está inmerso en “el negocio” desde hace nueve años, pues se encarga de amedrentar y cobrar a cadenas de conveniencia, como OxxO, 7-Eleven, Go-Mart y tiendas Extra.

En el portal del ayuntamiento, figura con número de empleado 11613 desde el 16 de noviembre de 2007, con el puesto de Técnico Informático en la Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública.

Se le atribuyen facultades de ejecución de procedimientos administrativos, como órdenes de visitas domiciliarias, actas de emplazamiento y acta de clausura, pero no de cobranza.

Posteriormente, Juan Gabriel Martínez Rabadán, quien funge como auxiliar administrativo sin facultades de ejecución, cancela las infracciones y simplemente las vuelve a foliar, evitando así que las infracciones levantadas terminen su proceso.

También está encargado de recibir el dinero recabado por los inspectores para reportarle las ganancias a Ricardo Ríos, quien exige que cada uno entregue una cuota mínima de 250 pesos diarios a cambio de sellos y boletas de clausura.

INSPECTORES PIRATAS

Otra fuente asegura que son alrededor de 40 los encargados de hacer el trabajo duro en la calle, de ellos una buena cantidad comete el delito de usurpación de funciones, pues trabajan con gafetes vencidos, es decir, expedidos y firmados por funcionarios que ya no laboran en el ayuntamiento; incluso, no están dados de alta como trabajadores municipales.

“Es muy sencillo llegar y levantar una infracción, cualquier pretexto es bueno. Por ejemplo, se ha dio el caso donde al dueño de un gimnasio lo amenazaron con clausurarlo, porque vendía agua a sus clientes y eso no está estipulado en su licencia de funcionamiento.

De ese tipo de situaciones se valen para amagar y cobrar a la mala”, señaló el extrabajador del ayuntamiento. Generalmente, al ver que los supervisores o quienes se ostentan con ese cargo, se presentan en los establecimientos con papelería y sellos de clausura oficiales, por lo que los comerciantes no dudan de la veracidad del “operativo” y ceden a las exigencias de los extorsionadores.

Como prueba de un caso registrado de extorsión, está el de José Eduardo Villanueva Vargas, quien en la pá- gina web del ayuntamiento ostenta el cargo de supervisor en la Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública desde el 16 de junio de 2010, con el número de empleado 12650.

Este personaje aparece en un video, del cual Morelos Habla tiene copia, cobrando “la cuota” en un establecimiento comercial. Cada 15 días cobra 250 pesos a los dueños de negocios “para dejarlos en paz”.

“Claro que hay confianza, el dinero que te estás llevando no quiere decir nada”, se escucha en el audio de la videograbación. Eduardo Villanueva generalmente es acompañado por Jesús Enrique Duardo Domínguez, quien en la página web del ayuntamiento aparece con el número de empleado 11714 y es señalado como supervisor de la Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública, con fecha de ingreso el 16 de marzo de 2008.

En el mismo equipo trabaja Jorge Villanueva Vargas, conocido como “El Choco”, hermano de Eduardo Villanueva y de quien no se tiene registro laboral en la página de comuna. Es señalado por haber extorsionado a la cadena de tiendas Waldo’s por un monto de 200 mil pesos, que le fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de su esposa.

También se le atribuye haber negociado y cobrado el “permiso” para que los carritos expendedores de bebidas Vive 100 pudieran operar por la ciudad. Jorge Villanueva es acompañado por Esteban Villazana Alferes, otro supervisor con número de empleado 10491 y que, conforme al portal de Cuernavaca, fue dado de alta el 30 de julio de 2004. Villazana es encargado de darle seguimiento a la extorsión.

Él regresa al día siguiente con los comericantes amonestados para “gestionar descuentos” a las multas.

La investigación de Morelos Habla dejó al descubierto que los empresarios no sólo son abusados con base en detalles insignificantes y aplicación de reglamentos a rajatabla, también les son “sembradas” situaciones que los ponen contra la pared, como el caso de Kariana Figueroa, señalada por introducir a grupos de menores de edad (presuntamente sus familiares) en antros y bares, minutos antes de que se lleven a cabo “operativos de revisión”.

Así, los inspectores “sorprenden” en flagrancia a los establecimientos y, bajo la amenaza de clausura, los obligan a pagar fuertes cantidades dinero para evitar un cierre por tiempo indefinido, incluso el retiro de su licencia de funcionamiento.

Otro engrane importante dentro de la organización es David Emilio Dávila Gutiérrez, quien amenaza con llevar a cabo la clausura de los establecimientos e inicia la “negociación” para dar paso a que Francisco Mejía, Gabriel Rabadán o Eduardo Villanueva, cierren el trato.

Siempre bajo la supervisión telefónica de Ricardo Ríos. En el portal del ayuntamiento, Dávila Gutiérrez se ostenta como supervisor de la Secretaría de Gobernación desde el 4 de julio de 2015, con número de empleado 100074.

Gran parte del “trabajo sucio” lo lleva a cabo Julio Marquina Ortiz quien, sin aparecer como empleado del ayuntamiento en la página web, se dedica a “infraccionar” establecimientos al azar, para que después Eduardo Villanueva, Jorge Villanueva o uno de sus colaboradores, pasen a ofrecer su “gestoría” y acordar la cuota semanal de 250 pesos.

EN VÍA PÚBLICA

También hay un grupo de “operadores de calle”, entre estos extorsionadores se encuentra Adelaida Morales, quien también es señalada de ser la pareja sentimental de Santiago Núñez.

Ella opera como “jefa de inspectores”, para supervisar que éstos reporten hasta el último peso recaudado.

Es de destacar que el 13 de diciembre de 2016, Morelos Habla difundió una nota e imagen de cuando Adelaida Morales y Paloma Zagal (otra inspectora) despojaron a un vendedor de hamacas de su mercancía, luego que el comerciante se negó a pagar la cuota.

Ni Paloma Zagal, ni Adelaida Morales, figuran en el portal de Cuernavaca como trabajadoras de la comuna. Según la fuente consultada durante esta investigación, la voz de Paloma Zagal es la que se escucha en la grabación de una llamada telefónica (de la que Morelos Habla tiene copia), en la que una comerciante de Cuernavaca es extorsionada y a quien Zagal le exige 500 pesos semanales para poder trabajar:

-¿Cuántos le tengo que dar?

– 500 a la semana.

-¿500 a la semana?

-Ajá, o sea cada viernes.

-¿Ya con eso no nos van a mover los inspectores?

-No, para nada. Nosotros somos los inspectores.

Gran parte de los recursos que se obtienen bajo este elaborado esquema de extorsión provienen de los comerciantes ambulantes o semifijos. En la capital, operan alrededor de 400 carretillas de comerciantes, a quienes se les exige una cuota de 50 pesos diarios.

El encargado de controlar y extorsionar a los vendedores en vía pública tiene nombre y apellido: Andrés Gama Ascencio, quien con la ayuda de Luis Tovar Celis, mejor conocido por “El Monaguillo”, y Rafael Fajardo, día a día se encarga de que cada vendedor ambulante y semifijo pague su cuota, de lo contrario es retirado y despojado de su mercancía.

La fuente señaló a Gama Ascencio como una persona que no sabe manejar un automóvil, incluso no sabe leer ni escribir. Los registros de la página web de Cuernavaca revelan que desde el 4 de julio de 2015 forma parte de la plantilla de supervisores de la Dirección de Gobernación, con el número de empleado 100111.

Resalta que para llevar a cabo sus funciones, como llenar la orden de visita domiciliaria del procedimiento administrativo, es indispensable tener la capacidad de leer y escribir.

“Gama siempre trae de chofer a El Monaguillo, para ir a cobrar, y a Rafael Fajardo, que son sus personas de confianza. Tiene demanda tras demanda por extorsión y abuso de sus facultades, pero en la Contraloría no pasa nada”, indicó la fuente.

Gama es una especie de jefe de plaza en las clínicas del IMSS, así como en el hospital José G. Parres.

También es señalado como pareja sentimental de Paloma Zagal, quien atiende sus asuntos e incluso le ayuda a escribir mensajes en su celular, ya que él no sabe. Aunque la mayor parte del negocio de extorsión en vía pública se da por las tardes, los puestos de tamales, tacos acorazados, quesadillas y vendedores afuera de las escuelas son dominados por Fernando Arriaga Lazos, otro supervisor de la Dirección de Gobernación, quien según el portal del ayuntamiento tiene el número de empleado 100018, desde el 4 de julio de 2015.

Dentro de la cuadrilla de supervisores, destaca el nombre de William Santos (locatario en el mercado Adolfo López Mateos), cuya función no es de tiempo completo, solamente se encarga de rondar las calles de vez en cuando, con la finalidad de que los comerciantes se sientan hostigados.

Andrés Gama le pone asistencia diaria, a cambio de la mitad de su sueldo. Raúl Salgado Mejía, quien también forma parte de la cuadrilla de extorsionadores a puestos semifijos y ambulantes, hace las funciones de supervisor en calle Guerrero y su principal objetivo son los puestos de aguas y que los ambulantes cubran una cuota de 250 pesos semanales.

No aparece en las filas de trabajadores publicada por el ayuntamiento en la página web. Además, lleva el control de una relación de los ambulantes, catalogados por antigüedad.

Una vez “empadronados”, son presentados con Andrés Gama, para explicarles el costo del “derecho de piso”.

CIERRAN PINZA

Luego del trabajo que se lleva a cabo en campo, es importante que administrativamente no quede rastro de las irregularidades, por lo que la labor de las secretarias Sandra Balderas, Tania Reyes y Nancy “N” es de vital importancia en el esquema operativo de la extorsión.

Su función es eliminar cualquier rastro del uso de papelería oficial foliada, así como volver a generarla, para reciclar las boletas de infracción y que cada uno de los procesos iniciados en la calle se quede en la Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública, sin llegar a la contraloría, razón por la cual el dinero que pagan los comerciantes y empresarios no llega a las arcas del ayuntamiento.

EN LA NARIZ DE BLANCO

Francisco Mejía y Gabriel Martínez Rabadán llevan a cabo los cobros en las oficinas del ayuntamiento, prácticamente en la nariz del alcalde. “Te sientan es su oficina y te piden los papeles que previamente te dejaron los supervisores.

Luego te dicen: ‘¡Uy! Son como 40 mil pesos de multa, pero si quieres yo freno aquí todo con 15 mil pesos’. Así los dueños de establecimientos acceden”, señaló la fuente.

LICENCIAS

A decir de la fuente consultada en la realización de esta investigación, la licenciada María del Pilar Mijares, directora de Licencias de Funcionamiento en el ayuntamiento capitalino, no trabaja bajo el esquema orquestado por Guillermo Arroyo.

Sin embargo, se le atribuye otra modalidad de corrupción: cobrar (sin recibo de la Tesorería) fuertes cantidades de dinero a cambio de expedir licencias y permisos para la apertura de negocios, cambio y/o disminución de giros, cambios de domicilio, cambios de denominación o razón social, cambios de propietario, refrendo de licencias, extensión de horario para la venta de bebidas alcohólicas, entre otros trámites.

USURPACIÓN DE FUNCIÓN

Varias de las personas señaladas como parte de esta maquinaria de extorsión se ostentan como supervisores de la Dirección de Gobernación en el ayuntamiento sin contar con un registro o número de empleado, conforme la página web del municipio capitalino. De esta forma estarían cometiendo el delito de usurpación de funciones.

NO SE DEJE SORPRENDER

LAS RECOMENDACIONES PARA QUE NO SEA VÍCTIMA DE EXTORSIONADORES SON:

●Exija identificación oficial y vigente de los supervisores

●En el caso de giro blanco, para que proceda la clausura de un establecimiento debe haber por lo menos tres sanciones previas sin atender.

●En el caso de giro rojo, las únicas faltas que significan clausura inmediata son: no respetar el horario establecido, venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y no contar con licencia de funcionamiento.

UN SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO NO PUEDE SANCIONAR TODO:

●PROTECCIÓN CIVIL: Se encarga de señalización de salidas de emergencia, extinguidores, instrucciones sobre qué hacer en caso de incendio o sismo, instalación eléctrica y gas.

●SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE: Anuncios en fachada y vía pública, decibeles de sonido al interior del establecimiento.

●COFEPRIS: Habilitación y respeto de áreas libres de humo de tabaco.

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