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Anuncian reforma al Poder Judicial

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Al inaugurar el XLI Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el gobernador Graco Ramírez, anunció una reforma profunda al Poder Judicial para garantizar su independencia y la integración de los tribunales existentes en el estado.

Indicó que ello implica la decisión histórica de que los poderes Ejecutivo y Legislativo no tengan intervención en el Consejo de la Judicatura, para que las decisiones que ahí se toman estén estrictamente en manos de los miembros del Poder Judicial.

Informó que esta iniciativa de reforma la está construyendo con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y espera convencer a los miembros del Poder Legislativo de que también tomen la decisión de terminar con su participación en el Consejo de la Judicatura.

Ante los presidentes y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, el gobernador Graco Ramírez afirmó que la calidad del sistema democrático de un país se mide por la imparcialidad e independencia de sus órganos electorales y judiciales.

Indicó que esto es una cultura que se ha construido en México, en donde no prevalezca la fortaleza del Ejecutivo sino la majestad de la independencia de los Poderes del Estado; y en Morelos “tengo la satisfacción de cumplir puntualmente con el pleno respeto al Tribunal Superior de Justicia”.

Expuso que en el nombramiento o ratificación de magistrados del Poder Judicial se debe privilegiar siempre la carrera judicial, porque en esa medida se garantiza a la sociedad la experiencia y capacidad profesional de los juzgadores.

“Preferimos magistradas y magistrados de carrera, que amigos cercanos a los partidos políticos o al gobernador en turno. Va a ganar la sociedad con magistrados independientes, reconociendo su trayectoria, que amigos circunstanciales en términos políticos”, apuntó.

En este sentido, informó que en Morelos en consenso con los poderes Legislativo y Judicial se tomó la decisión de fortalecer el Tribunal Superior de Justicia al privilegiar la inamovilidad de los magistrados durante 20 años en la medida que haya probidad y honestidad, para que no tengan la presión de permanecer o no en el cargo por los relevos políticos.

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