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44 funcionarios destituidos en 2016 por la Contraloría

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Con la aplicación del modelo de control interno, en los últimos tres años se reforzó el combate a la corrupción

La Secretaría de la Contraloría ha destituido a 44 burócratas este año, debido a irregularidades en su desempeño, en tanto que ha inhabilitado a 30, suspendido a nueve, multado a 20 servidores públicos y amonestado a tres. En tres años, la Contraloría ha impuesto sanciones a 543 servidores del gobierno estatal, de los cuales 186 merecieron la destitución; 126 fueron inhabilitados, 99 suspendidos, 93 recibieron multa y 39 amonestación. Sin precisar las faltas ni la jerarquía de los sancionados, la dependencia estatal difundió información que destaca que en 2015 las penalizaciones alcanzaron a 224 servidores públicos, contra apenas 30 en 2012.

La Contraloría del gobierno del estado dio cuenta de que por vez primera se implantó el Modelo de Control Interno, al que se sumaron 58 instancias, entre secretarías, dependencias y organismos, en aras de mejorar los servicios a la ciudadanía con la evaluación de seis mil 462 burócratas, la implementación de 109 programas de control interno y la constitución de 151 comités de desarrollo institucional. De las evaluaciones aplicadas por el IMIPE correspondientes a 2015, la dependencia señaló “aumentamos los índices de transparencia con un cumplimiento mayor al 95 por ciento de promedio general de la administración pública central y paraestatal en difusión de información pública”.

A ello, se sumaron más de 300 auditorías y más de dos mil 500 supervisiones y verificaciones de obra de octubre del 2012 a junio de 2016, para privilegiar la transparencia y rendición de cuentas, que incluyó la modernización de los sistemas de atención de quejas y denuncias, declaración patrimonial y constancias de no inhabilitación. La Contraloría asentó que el gobernador Graco Ramírez y lsu gabinetepublicaron su declaración patrimonial renunciando al derecho que la ley les concede de reservar ciertos datos personales, y sumaron sus declaraciones fiscales y de posible conflicto de interés respecto de sus cargos y actividades.

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