lunes, 26 agosto, 2019
Opinión Punto y Aparte

SE ADVIERTEN VACÍOS DE AUTORIDAD EN MORELOS

Infinidad de ocasiones y en múltiples foros he documentado estadísticas recabadas durante los pasados 36 años por especialistas en seguridad nacional y la expansión del crimen organizado vinculadas al aumento del índice delictivo durante las transiciones políticas.

En todos los casos ha predominado una constante: los últimos cuatro cambios de presidente de la República y de gobernador morelense generaron vacíos de autoridad y el descontrol de las bandas delincuenciales por parte del estado mexicano y la administración pública estatal.

Esta problemática siempre se ha mantenido en el primer sitio de las vulnerabilidades para los presidentes y gobernadores en turno. Cabe subrayar que nunca consiguieron remontar plenamente el lamentable estado de cosas.

El 19 de septiembre de 2008, a un año y medio de iniciada la guerra del presidente Felipe Calderón contra el “narcotráfico”, transcribí cifras concentradas por el inolvidable maestro Rafael Ruiz Harrell, autor del libro “Criminalidad y Mal Gobierno” (Editorial Sansores & Aljure), quien estuvo avecindado en Cuernavaca desde hace muchas décadas hasta su fallecimiento el 29 de diciembre de 2007.

El especialista documentó que en 1977 creció la delincuencia un 13.4 por ciento con relación al 9.5 por ciento de diciembre de 1976, cuando tomó posesión José López Portillo.

Recuerden ustedes que en mayo de 1976, Armando León Bejarano rindió su protesta como gobernador de Morelos, en cuyo sexenio anidaron varios de los más importantes jefes del narcotráfico nacional.

En 1983, a escasos meses del arribo de Miguel de la Madrid a la Presidencia, el aumento fue del 44.1 por ciento, el más alto de 1975 a 2008.

Lauro Ortega Martínez asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en mayo de 1982; lamentablemente, a pesar de que construyó la infraestructura básica jamás cristalizada por la mayoría de sus antecesores, no logró erradicar en su totalidad a las bandas delincuenciales.

En 1989, tras la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, hubo una disminución de 8 por ciento contra el citado 44.1 por ciento.

Para aquel entonces Antonio Riva Palacio López ya era gobernador de Morelos, quien pasó de noche respecto a la lucha contra el crimen organizado, todavía incipiente pero con una rápida expansión.

En 1995, una vez iniciado el gobierno de Ernesto Zedillo, el porcentaje creció hasta 42.4 por ciento. Jorge Carrillo Olea había tomado posesión en 1994; su gestión administrativa abrió de par en par las puertas a los más importantes capos de este país.

Para marzo del año 2001, Vicente Fox Quesada, el presidente de la alternancia en el poder, enfrentó un repunte delictivo que alcanzó casi el 43.0 por ciento.

Ni qué decir sobre lo que sucedió durante los seis años de Sergio Estrada Cajigal, quien estuvo a punto de ser defenestrado (al igual que sucedió con Carrillo Olea en 1998) debido a sus omisiones frente al hampa organizado.

Cabe subrayar que las estadísticas recabadas por Rafael Ruiz Harrell abarcaron hasta mediados de 2007. Sin embargo, nosotros logramos detectar, en lo que hasta septiembre de 2008 iba de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, niveles del 45.6 por ciento de incremento delictivo.

El gobernador de Morelos era el panista Marco Antonio Adame Castillo, quien no consiguió salir airoso en el combate a la criminalidad.

La problemática a nivel nacional fue más grave que en épocas anteriores, pues el crimen tendió a expandirse por regiones. Cada zona se convirtió en un mercado.

Por ello, las tasas delictivas -en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa- fueron notablemente altas en Baja California Norte, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, parte del Estado de México y Morelos.

A escasos días de haber tomado posesión el primero de octubre de 2012, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, declaró sin ambages que la administración anterior le dejó “condiciones deplorables” en materia de prevención y persecución de los delitos.

Me parece, pues, que lo ocurrido recientemente en varias ciudades mexicanas (incluida la capital morelense y otros puntos de nuestra entidad), desafiando a las instituciones por parte del crimen organizado, tiene vinculación con los vacíos de autoridad que generan las transiciones políticas, como la que se avecina en nuestra entidad.

Así nos perfilamos hacia el cambio de gobierno a nivel nacional y estatal.

Por eso cobran especial importancia las acciones que puedan asumir el gobernador constitucional de Morelos, Graco Ramírez, y el mandatario electo Cuauhtémoc Blanco, a fin de evitar el descontrol de la violencia y los espacios que muchas veces quedan abiertos frente a las acciones de células delincuenciales.

El 24 de mayo de 2017, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, convocó a todos los sectores de la sociedad a dejar de lado las diferencias políticas, para crear un histórico acuerdo por la seguridad nacional con el propósito de evitar que el país pase por la “peor tormenta” de inseguridad, que se prevé puede ocurrir en 2018, debido al empoderamiento del crimen organizado.

“Hay muchos colegas míos en otras entidades que tienen el mismo criterio que su servidor, en relación a un panorama del cual no queremos parecer fatalistas o derrotistas y bajar la bandera, queremos ser realistas y buscar una alternativa para frenar lo que pudiera convertirse en 2018 en la peor crisis de inseguridad, de violencia, o peor crisis de violencia delictiva e impunidad que tenga memoria nuestra querida República mexicana”, señaló.

En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la Razón que se transmite por MILENIO Televisión, el funcionario dijo que su propuesta tiene elementos fundamentales:

El primero es una tregua entre partidos políticos, para que el tema de la seguridad pública no sea utilizado como bandera política, y crear con ellos una agenda estratégica en dos vertientes.

Esta agenda, explicó, debe permitir la discusión y aprobación de manera inmediata todos los instrumentos que las fuerzas armadas, las instituciones policiacas y auxiliares necesitan, con un aspecto presupuestal importante.

Se deben definir tiempos que permitan transformar y, por lo menos inhibir, “algunos de los factores de los siete elementos que pudieran crear esta tormenta perfecta”.

Los siete factores a los que se refirió el comisionado y que ponen en peligro a México son:

Un empoderamiento del crimen organizado y la diversificación de acciones (de muchos grupos fragmentados) que generan violencia entre ellos.

El segundo tiene que ver con el hecho de que no hemos reestructurado, profesionalizado ni dignificado a las fuerzas policiales en México.

El mando morelense destacó que la curva de aprendizaje del nuevo Sistema de Justicia Penal, al que muchos le endosan el incremento de los homicidios, trae una curva de aprendizaje de 5 a 9 años, es decir, se va a contar con un cierto nivel de eficiencia dentro de 5 años.

Uno de los ilícitos que afecta más al país, apuntó, es el de los homicidios (delito que aumentó en el primer trimestre de 2017, en 30 de las 32 entidades) y la portación de armas de fuego exclusivas de las fuerzas armadas, “ahí es donde estamos todos los policías del país enfrascados en un conflicto legal. Es sumamente grave”.

Otro asunto que pueden afectar, es la polarización político-partidista. Destacó que ni en el Congreso de la Unión ni en los congresos locales se están alcanzando acuerdos, porque “se están dando con todo los partidos políticos” y utilizan la “bandera más redituable”, que es la seguridad pública.

Un factor más, es el deterioro económico que no tiene que ver con las causas de la economía local; “vivimos en un mundo globalizado; entonces, hay temas macroeconómicos que impactan sustancialmente en la inversión y el desarrollo”, situación que puede limitar la posibilidad de oportunidades laborales y educativas en muchas regiones.

El séptimo punto tiene que ver con un fenómeno que ocurre en cada transición gubernamental, que es un vacío de poder en las instituciones, particularmente, en las fuerzas del orden.

“Dirigir una corporación policiaca o una institución militar genera una cantidad impresionante de riesgos, requiere una planeación a mediano plazo para que las cosas funcionen, cierta certidumbre para quienes encabezamos el esfuerzo y cuando humanamente, que es un sentimiento humano, los que estamos, sabemos que ya nos vamos, evidentemente dices ´pues ya no me voy a meter con´ y empiezas a cuidar a tu gente porque lo que está en riesgo es la vida de ellos”.

“Hay tanta incertidumbre política que evidentemente, en la mayor parte de los casos, sabemos que no va a haber continuidad, y al no haberla te vas a quedar sin chamba”, dijo.

Para que funcione este acuerdo, subrayó Capella, se deben sumar los grupos de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, así como las de derechos humanos y universidades.

El funcionario, quien es abogado de profesión y que dirigió la SSP de Tijuana, puntualizó que todos los actores sociales deben formar parte del acuerdo, para fiscalizar y sancionar, aunque no legalmente, pero sí señalar qué institución o quiénes no cumplen con su labor.

“Si no generamos este acuerdo vamos a estar el año que entra en estas mismas circunstancias, discutiendo el aumento de 2018 contra 2017 y un nivel de situaciones que causan cada vez mayor sorpresa, mayor desaliento y desánimo en temas de impunidad”.

Conclusión: me parece que el escenario de la transición política generará vacíos de autoridad en Morelos y con ello se abrirán espacios para el retorno de bandas criminales y su nuevo anidamiento en este territorio de la República Mexicana.

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