sábado, 24 agosto, 2019
Punto y Aparte

Campañas y mentirosos

La inmensa mayoría de mexicanos tiene una percepción negativa sobre la conducta de los políticos, quienes son considerados como individuos intrínsecamente ligados a las dádivas del poder y no a una ideología o a determinados proyectos de nación. Lo mismo se repite a nivel regional y local. Los morelenses tenemos la impresión de que al interior de los partidos y en tiempos preelectorales pululan políticos marrulleros, hábiles para echar mano de todos los ardides a su alcance con tal de consolidar su papel. Mentir es uno de ellos. Nadie puede cerrar los ojos ante esta parte de la cotidianeidad nacional: siguen existiendo diputados mañosos, presidentes municipales chapuceros, operadores políticos fraudulentos y agentes gubernamentales dedicados a la consolidación de negocios bajo el manto protector del poder.

Cada tres años surge el riesgo de que a los cargos de representación popular lleguen los menos aptos o los más mentirosos e incumplidos. Durante las campañas preelectorales los candidatos prometen cuestiones inalcanzables, en el afán de propiciar el voto emocional de los ciudadanos, pero conforme transcurren sus gestiones se olvidan de los segmentos sociales que dicen representar e incurren en omisiones debidamente tipificadas como delitos en varias leyes, entre ellas la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual es letra muerta, pues casi todos los funcionarios administrativos o de elección popular resultan un verdadero fraude. Aquí recordaré la iniciativa formulada en abril de 2009 por Cipriano Sotelo Salgado, entonces presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado, a fin de reformar el Código Penal de Morelos e instaurar el delito de fraude político para castigar penalmente a los candidatos que incumplan sus promesas de campaña una vez que asuman el cargo. Infortunadamente, su planteamiento, entregado al Congreso local, fue abandonado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación.

Este jueves, el senador por Morena, Rabindranath Salazar, presentó en la Cámara Alta el proyecto que propone reformar y adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Penal federal, en Materia de Fraude Político, al asegurar que ante democracias tan complejas existen fenómenos que lesionan el tejido social y afectan la estabilidad del sistema político, al provocarse desconfianza institucional y pérdida de credibilidad en la clase gobernante. En los considerandos de la propuesta aparece la necesidad de medir con objetividad lo que se ofreció durante las campañas y la obligatoriedad de que se cumpla en el encargo. A ver qué pasa ahora con la iniciativa, pues el posible castigo del fraude político con pena corporal asustará a quienes incursionan en los órganos de representación solo para satisfacer sus fines personales.

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