PEDERASTIA CLERICAL IMPUNE EN MORELOS

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Gracias al caso de “mi gober precioso” Mario Marín Torres (gobernador de Puebla en el sexenio 2005-2010) y su amigo íntimo, el “rey de la mezclilla” Kamel Nacif Borge (acusado de pertenecer a un clan de pedófilos en Cancún), los mexicanos empezamos a conocer frecuentemente noticias relacionadas con el abuso sexual de menores.

Aquello se destapó en diciembre de 2005. Pareciera que este flagelo solo había lastimado y lastima a niños en los más importantes polos turísticos de México, pero no es así.

Son muchos los casos de infantes abusados en Morelos, cuyas “indagatorias” pasaron a aumentar la ya de por sí enorme montaña de impunidad en los respectivos ámbitos ministeriales.

No trascendieron a través de los medios masivos de comunicación debido al escaso nivel educativo de los afectados y/o porque no tuvieron suficiente dinero para enfrentar prolongados litigios ante las autoridades judiciales.

Los delitos de pederastia encuentran a sus mejores víctimas entre la gente pobre.

Infortunadamente para muchos menores (y sus padres) la pederastia también ha sido reiterada entre clérigos.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP por sus siglas en inglés) difundió el 3 de mayo de 2010 una investigación relacionada con 65 sacerdotes mexicanos acusados de pederastia en Estados Unidos (EUA), quienes recibieron cartas de traslado a distintas Arquidiócesis y Diócesis de nuestro país.

La Diócesis de Cuernavaca (a cargo del obispo Ramón Castro) únicamente los removió de templo.

Eric Barragán, presidente para América Latina de la SNAP, afirmó que gracias al Directorio Eclesiástico de la República Mexicana 2009, elaborado por la Arquidiócesis de México, se pudo localizar a 16 curas en activo con denuncias.

Esos sacerdotes fueron colocados, para ejercer su ministerio, en las Arquidiócesis de Guadalajara, San Luis Potosí, Xalapa, Tlalnepantla, Yucatán, México, Querétaro y Tijuana, así como en las Diócesis de Colima, Aguascalientes, Ciudad Guzmán, Ciudad Obregón, Culiacán y Cuernavaca.

José Antonio Pinal Castellanos, quien en mayo de 2010 estaba a cargo de la parroquia de Cristo Rey, ubicada en la colonia El Empleado de la capital morelense, fue cambiado como titular del templo de la Inmaculada Concepción, que se localiza en la colonia Lomas de Atzingo, también en esta capital. La transferencia se debió a que apareció en la lista de la SNAP.

Las sospechas sobre curas pederastas existían desde 2005.

Eric Barragán explicó que desde diciembre de ese año se sospechaba que unos 40 sacerdotes que integraban una lista de ministros religiosos culpables de abusos, evadidos de la justicia estadunidense, se encontraban en México.

Con esos datos se le entregó una carta al cardenal Norberto Rivera Carrera, entonces arzobispo primado de la Ciudad de México, donde se le solicitó intervenir para evitar que esos sacerdotes dañaran a otros niños.

A los dos meses, el cardenal respondió que estaba dispuesto a trabajar con la SNAP, pero no tenía competencia para buscar, ni jurisdicción para actuar, pues sólo las víctimas podrían denunciar ante el Ministerio Público.

En la lista de sacerdotes pederastas de la SNAP aparecía también Nicolás Aguilar Rivera, acusado de haber abusado sexualmente de más de 86 niños en México y Estados Unidos.

Esta persona ofició durante varios años en la región oriente de Morelos. Varias notas periodísticas aparecidas en diferentes medios en junio de 2007 indicaban que Aguilar Rivera continuaba oficiando misas en Morelos con la autorización de los jerarcas de la Diócesis de Cuernavaca, entonces presidida por Florencio Olvera Ochoa; sin embargo, el cardenal Norberto Rivera Carrera aseguró que desconocía el paradero del cura pederasta.

El semanario Proceso publicó en octubre de 2007 un extenso reportaje sobre Nicolás Aguilar Rivera, quien después se “esfumó” de Morelos.

El 2 de abril de 2015, en su columna “Atril” de Diario de Morelos, el periodista José Manuel Pérez Durán se refirió al caso del sacerdote Carlos López Valdés, a quien se acusó de haber violado a un menor de 11 años.

Aquel entrego periodístico aseguró que el cura pederasta tenía en su haber 31 abusos sexuales de niños, pero se mantenía activo en parroquias de Morelos gracias al encubrimiento del titular de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro.

Sobre el asunto, el semanario Proceso publicó un reportaje del periodista Rodrigo Vera.

Con ese respecto existe una averiguación previa abierta en la PGJ de Ciudad de México.

El informe de Rodrigo Vera abundó: “En 2011 el Tribunal Eclesiástico condenó a López Valdés y el Vaticano lo inhabilitó como sacerdote, pero la sanción quedó en el papel pues el padre Carlos continuó oficiando misas en parroquias de Morelos”. Se suponía que vivía tranquilamente en su casa del fraccionamiento “Las Fincas” de Jiutepec.

Y así llegamos al 8 de febrero de 2016, cuando varios diarios veracruzanos, entre ellos el prestigiado “Mundo de Córdoba”, difundieron que los sacerdotes Martín Mena Carrillo y Francisco Velázquez Trejo estaban demandados por cometer abuso sexual contra Luis Felipe Izquierdo Cundafe, entre 2007 y 2009.

El expediente se abrió en el Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial de Campeche, donde también estaban involucrados el actual obispo de Cuernavaca Ramón Castro, quien antes de arribar a Morelos se encontraba adscrito a la Diócesis de Campeche, y José Francisco González, su relevo en la misma demarcación eclesiástica.

La demanda de Izquierdo Cundafe fue iniciada el 30 de noviembre de 2015.

El abuso sexual comenzó cuando el denunciante tenía 16 años (2007) y proporcionaba servicios de “misión de paz” en el Seminario de Campeche. Transcurrieron dos años hasta que decidió revelar el espinoso asunto al entonces obispo de Campeche Ramón Castro, quien amenazó con meterlo a la cárcel si ventilaba algo.

El padre Francisco también lo contactó para ofrecerle dinero a cambio de su silencio.

Todavía en 2014 recibió un correo de Ramón Castro, quien le ofreció apoyo económico “antes de recurrir a otras formas”.

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